A LA CARCEL POR CONDUCIR A 61 KM/H

Al defender a una mujer, de cerca de sesenta años, privada de su libertad por haber conducido su vehículo a 61 Km/h en una vía periférica urbana de cuatro carriles, confirmé, una vez más,  que, en el Ecuador, el garantismo, en materia penal,  era una simple declaración programática.
A pesar de haber demostrado que la mujer padecía de una enfermedad renal, que se trasladaba con sus nietos de un año de edad con dirección al consultorio del médico tratante, que no había señales de tránsito sobre la velocidad máxima, que el parte policial era diminuto, que faltaba el croquis, que la foto del vehículo era defectuosa y que el policía que la detuvo no le informó sobre sus derechos, el juez encargado de juzgar la contravención de tránsito  optó por hacer reverencia al  parte policial, mediante la aplicación formalista y legalista de las normas de tránsito.
Amparado en el Art. 145, literal e) de la Ley de Tránsito, que se refiere a las contravenciones muy graves, y en medio de los aplausos de los gendarmes, el juez  condenó a la mujer a tres días de prisión en la cárcel pública, a la rebaja de puntos de la licencia y al pago de la multa de una salario básico.
El Art. 191 del Reglamento a la Ley de Tránsito establece que no se sanciona con la prisión al infractor que conduce un vehículo liviano a una velocidad inferior a 60 km/h en las zonas urbanas.
Si alguien conduce a 61 Km/h, siendo la velocidad máxima 50 Km/h,  debe, en principio, ser sancionado con la pena privativa de la libertad de tres días, siempre que existan señales de las velocidades máximas, el dispositivo detector sea exacto, se hayan  respetado los derechos constitucionales del conductor detenido, éste no  haya justificado atenuantes y se justifique la proporcionalidad de la pena frente a la infracción culposa.
No es suficiente que el infractor vaya a más de 60 km/h. En un sistema garantista se requiere de otros requisitos adicionales para condenar a un infractor con la privación de su libertad.
Lamentablemente, en nuestro País, los jueces han sucumbido a las presiones policiales y al más nefasto legalismo, olvidándose del garantismo y, en consecuencia, de los derechos fundamentales de los infractores.
La mujer conductora fue privada de su libertad mediante una sentencia carente de motivación. Fue esposada, maltratada sicológicamente y recluida en una celda. Antes, dejó a sus nietos al cuidado de terceras personas.
Nunca imaginó que en la vía periférica de cuatro carriles donde fue detenida la velocidad máxima era de 50 km/h. El policía de tránsito, al ser interrogado, respondió que se había informado a la ciudadanía sobre tal límite mediante la distribución de hojas volantes.
Es verdad que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Sin embargo, ¿en qué queda este principio  cuando  no existen señales sobre velocidades máximas (50 km/h) ni sobre la naturaleza de las vías (urbana, perimetral, carretera)?.      

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