Ley de paraísos fiscales y juicios políticos

 

En el primer debate de la Ley de Paraísos Fiscales Luis Fernando Torres dijo que se deja en el limbo la destitución del Presidente y Vicepresidente de la República debido a que deberán ser destituidos con una mayoría calificada luego del respectivo enjuiciamiento político en la Asamblea, cuando el Contralor, previamente, haya determinado que tienen bienes o capitales en paraísos fiscales. Podría ocurrir que en la Asamblea no haya votos para destituirlos, en ese evento, señaló Torres (I)
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Debate de la Ley de Paraísos Fiscales. Foto El Heraldo

Ley Amazónica despoja de recursos a parroquias de Baños

 

En el primer debate de la Ley Amazónica, Luis Fernando Torres protestó porque a las parroquias Río Verde y Río Negro se les disminuyen asignaciones en unos 850 mil dólares anuales a cada una.
Además, no se les incluye dentro en la distribución de un nuevo fondo amazónico por minería y centrales hidroeléctricas, cuando en esas parroquias están las centrales San Francisco y Topo.
Torres dijo que Baños no puede estar fuera de la zona amazónica. Los demás legisladores de Tungurahua también expresaron su oposición a la Ley en el tema del reparto de fondos (I)

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Debate de la Ley Amazónica que reduce asignaciones a Río Verde y Río Negro. Foto El Heraldo.

DEL PRESIDENCIALISMO AL AUTORITARISMO

Con un anuncio del Presidente de la República y un simple acuerdo ministerial se redujeron los sueldos de los alcaldes y de los asambleístas como si fueran empleados dependientes de la Función Ejecutiva.
El servicial Ministro de Relaciones Laborales llegó al extremo de sostener que ni siquiera era necesaria la intervención del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) para que los parlamentarios ganaran un sueldo inferior, pues, bastaban la decisión presidencial y el acuerdo ministerial. Con los alcaldes fue aún más implacable. Les clasificó por categorías en función del tamaño demográfico del respectivo cantón. Así, mientras menos habitantes tuviera el cantón, menos sueldo debían recibir los burgomaestres.
Sólo en un  régimen presidencial tan autoritario y reforzado como el ecuatoriano, el jefe de la Función Ejecutiva puede arrogarse competencias para decidir sobre las remuneraciones de los miembros de la Función Legislativa  y de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados.
Más allá de las  razones para reducir los sueldos de los altos funcionarios del Estado por los problemas derivados de la caída del precio del petróleo, resulta inconcebible que el Presidente decida por otras funciones del Estado y por los municipios, sobre reducciones salariales de autoridades con legitimidad electoral propia.
En los seis años y algo más de vigencia de la Constitución de Montecristi (2008-2015), el régimen presidencial ha sido empleado por el Presidente para desbordar los límites del garantismo y de la separación de poderes. El resultado de tal arremetida presidencial ha sido la instauración de un gobierno autoritario, en que  la Función Ejecutiva  ejerce una influencia determinante sobre las demás funciones del Estado e, inclusive, sobre la mayoría de entidades seccionales.
James Bryce (The American Commonwealth, Vol I, capítulo VI), al comentar sobre la naturaleza del presidencialismo estadounidense, llamaba la atención, en 1883,  acerca de la amenaza que suponía, para la institucionalidad republicana,  un presidente popular, apoyado por las masas. Decía el legendario observador político inglés que un presidente, con esas características, podía “llegar a ser peligroso para las instituciones republicanas” por una inclinación natural, desde una institución tan sólida y potente como la presidencia de la república,  al ejercicio tiránico del poder, en nombre de las mayorías.
En el Ecuador, el Presidente no sólo ha sido popular entre los votantes sino que ha contado con mayorías parlamentarias absolutas, a tal punto que  los instrumentos normativos aprobados por la Asamblea  han servido para legitimar esa influencia presidencial.
Sin verdaderos contrapesos institucionales, debido a que también tanto la justicia ordinaria como la justicia constitucional se han rendido ante la Función Ejecutiva, el presidencialismo ecuatoriano ha terminado convertido, como diría Bryce, en un autoritarismo peligroso para las instituciones republicanas.

2015/03/19

LA TRAGEDIA EN LA TAUROMAQUIA

Ernest Hemingway en su obra, Muerte en la Tarde, precisa que la corrida de toros no es un deporte ni un combate igualitario sino “una tragedia, la muerte del toro, representada mejor o peor por el toro y el hombre que participan en ella y en la que hay peligro para el torero y muerte cierta para el toro” (Cap. 2). La muerte del toro es un hecho trágico, de ninguna manera cómico, sostiene el gran escritor estadounidense, quien, en 1931, celebró su corrida número 1500 como espectador y estudioso del combate que ocurría en el ruedo.
Tanto aprendió sobre tauromaquia que llegó a afirmar que “los toros son absolutamente morales para mi, porque, durante la corrida, me siento muy bien, tengo el sentimiento de la vida y la muerte, de lo mortal y lo inmortal, y una vez terminado el espectáculo me siento muy triste, pero muy a gusto” (Cap. 1).
Desde el 2011, cuando se les consultó a los ciudadanos de los diferentes cantones del Ecuador acerca de la muerte del toro,  los aficionados ecuatorianos se han convertido, precisamente, en los lugares donde amplias mayorías decidieron conservar el ritual completo de las corridas, en objeto de acoso  tanto de autoridades dispuestas a decidir sobre las preferencias individuales  como de minúsculos grupos de intolerantes desinformados.
A los aficionados les registran, al ingreso a la plaza de toros, como si fueran sospechosos de un crimen, impiden que los jóvenes menores de 16 años acompañen a sus padres al espectáculo y alientan que los intolerantes ofendan a hombres y mujeres.
Obran así los funcionarios, desde los intendentes hasta los burócratas que dicen proteger los derechos de los jóvenes y de los animales y, por cierto, también algunos miembros de las entidades municipales, porque tienen la misma mentalidad estatista de quienes asumieron el gobierno el 2007. Para ellos son secundarias las libertades, gustos y preferencias individuales de los aficionados. Lo primero es el poder de la autoridad para decidir sobre vidas privadas ajenas. 
Resultan más peligrosos tales funcionarios cuando se asocian con los intolerantes disfrazados de defensores del toro de lidia, animal al que nunca han visto y que, en la realidad, poco les importa, pues, sin corridas el toro de lidia está condenado a la extinción. Los unos y los otros detestan el pluralismo en medio de su estrecho universo cultural  que no les permite distinguir entre la tragedia del toro y la mera representación cómica.
Es compresible que existan grupos humanos con tales características de aversión a las corridas de toros y de un obsesivo control de las vidas individuales de los aficionados. Son, después de todo, el producto de su propia formación y  experiencia.  Lo inaudito es que no se impongan límites frente a los demás y se sientan dueños de la vida del toro y de las preferencias de los aficionados.
A diferencia de ellos, el hombre libre se hace, día a día, en el respeto a los demás, al igual que el aficionado consigue que su placer por las corridas se acreciente paulatinamente con el conocimiento que va adquiriendo.
Hemingway señala que al espectador, en un comienzo, le gusta lo pintoresco del paseíllo, el color, el espectáculo, los faroles y los molinetes, el torero que toca con las manos el hocico del toro o le acaricia los cuernos y todas esas cosas inútiles y románticas.  Solamente cuando, “a fuerza de experiencia, ha conseguido apreciar cuáles son los verdaderos valores, lo que busca el espectador es la pureza y la emoción verdadera, sin trucos” (Cap. 1). El fino espectador no se convierte en tal repentinamente. Requiere de un largo aprendizaje.
Los aficionados ecuatorianos no han podido defender su espacio de libertad  frente al estatismo y a la intolerancia. Abandonados por ciertos alcaldes, concejales y jueces, han quedado, en los recintos taurinos, a merced del fanatismo y de la burocracia gubernamental estatista.
En Ambato perdió, el 2011, la tesis gubernamental de suprimir la muerte del toro. Sin embargo, con la intervención de  jueces y de funcionarios de gobierno de la localidad, la feria taurina del 2015 se desarrolló con un desbocado acoso a los aficionados, dentro y fuera de la Plaza de Toros Nuestra Señora de La Merced. En una de las ciudades más taurinas del Ecuador los funcionarios del gobierno nacional y los intolerantes, ayudados por una jueza de tercera, lograron, a última hora, que no se aplicara una decisión municipal que permitía el ingreso de los mayores de 12 años a la Plaza de Toros.
¡ Que despierte Hemingway para que defienda la trascendencia de la tragedia taurina ¡
¡ Que los aficionados puedan decir de los toreros actuales lo que todavía se  dice de la maestría del gran José Mari Manzanares (Gonzalo Ruiz, Tributo a Manzanares, p. 29): “El arte, es la palabra que más la viste; la clase, la distingue; el temple, la acompaña; la suavidad, la adorna; la pureza, la describe” ¡

2015/02/18

CONSTITUCIONES, DICTADURAS Y CRISIS

Las constituciones ecuatorianas han sido fruto del “aborto improvisado de un partido vencedor en las guerras civiles”, decía Benigno Malo por 1844. Al comentar sobre la decimoquinta constitución, en 1945, Manuel Elicio Flor sostenía que “las constituciones han nacido de las revoluciones”, por lo que sentenciaba “una revolución, una constitución”.
Enrique Ayala, en el libro Historia Constitucional (CEN-UASB, 2014), asegura que en el Ecuador republicano  no ha habido una gran presión social con la fuerza para provocar cambios en la estructura social o en el régimen constitucional. Para él, simplemente han existido conflictos políticos en “las fuerzas dominantes”, que, al no ser resueltos constitucionalmente, condujeron  a la quiebra del estado de derecho y al advenimiento de dictaduras.
Las constituciones ecuatorianas se han caracterizado por haber estado precedidas por regímenes dictatoriales, civiles o militares, salvo en los años 1997 y 2008, cuando afloraron en medio de democracias. Dieciocho constituciones cumplieron, por consiguiente, siguiendo la línea argumental de Ayala, la función instrumental de legalizar la dictadura de turno o reinstitucionalizar el país con nuevas reglas de juego político.
De las 20 constituciones que ha tenido el Ecuador, entre 1830 y 2015, solamente una, la de 1979, no fue aprobada por una constituyente. El proceso constitucional ha seguido, en general la siguiente secuencia: conflicto político, dictadura, constituyente, constitución.
Difícilmente se puede asegurar que hubo verdaderas rupturas entre una constitución y otra. Una misma matriz constitucional ha recorrido el entramado de cada constitución. Conviene, en todo caso, distinguir entre las constituciones de los siglos XIX, XX y XXI para apreciar los rasgos diferenciales más salientes.
Las constituciones han cumplido una función instrumental en beneficio de quienes han estado en el poder, legitimándolos y reforzándoles con más competencias, o ayudándolos a retirarse del gobierno, como ocurrió en 1979. Las ideas del constitucionalismo liberal, incorporadas en los textos constitucionales, no han pasado de la mera declaración. ¿Qué tipo de limitación al poder estaban dispuestos a practicar aquellos que, desde el gobierno, se legitimaban y reforzaban con la nueva constitución?.
El 2008 se aprobó, con la venia de los gobernantes de turno, una constitución garantista. 7 años después, esos mismos gobernantes,  levantaron un régimen autoritario y estatista, desconociendo los derechos y las  garantías constitucionales. Aprovecharon los mismos mecanismos constitucionales para reforzar el régimen presidencial, concentrar poderes y profundizar la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, sin que las garantías puedan ser eficazmente activadas por los ciudadanos frente a la legislación estatista y autoritaria y a sentencias espurias dictadas por jueces reverentes al poder presidencial.
En 1979 quienes gobernaban, los militares, dejaron el poder. Los civiles que les sucedieron, con el poder disperso y fragmentado, no pudieron acrecentar sus competencias institucionales. Se limitaron a sobrevivir democráticamente en medio de altos niveles de conflictividad política y social.
En 1998, la crisis económica hizo colapsar, en menos de dos años, a la coalición gobernante que patrocinó los cambios constitucionales en 1997. Entre 1998 y 2008, los gobernantes no acumularon poder. La constitución estuvo al servicio de los ciudadanos y sus derechos. Con menos garantías que las establecidas en la Constitución de 2008, los ciudadanos se defendieron mejor frente a las acciones estatales.
El estudio de la Constitución de 1861, una de las más analizadas por los historiadores, es útil para apreciar la dimensión de las constituciones en el Ecuador. Peter Henderson, en el libro Historia Constitucional, señala que la constituyente estuvo integrada por una nueva generación política muy preparada y comprometida con  la modernización del país y el advenimiento de una nueva era. Dentro del recambio generacional los únicos sobrevivientes fueron Flores y Arteta. En medio de las intensos debates sobre los poderes presidenciales, el rol de las provincias frente a los departamentos, el modelo económico de libre cambio, los ingresos del Estado y el papel de la Iglesia, Gabriel García Moreno, que había conseguido tomar el mando del gobierno, llegó a decir: “la constitución es una trampa que pusieron en mi camino, pero si tengo que escoger entre salvar a la nación o sacrificar la  constitución, no vacilaré en escoger el país”.
El 19 de febrero de 1887, a pesar que el Art. 14 de la Constitución prohibía la pena de muerte por delitos políticos, los jueces de la Corte Suprema Marcial condenaron a Federico Irigoyen. Invocaron el inconstitucional Art. 117 del Código Militar, reformado el 10 de julio de 1886, para ordenar la ejecución de Irigoyen. Para legalizar otras ejecuciones, el 26 de julio de 1887, se reformó el Art. 14 de la Constitución a fin de ampliar la pena de muerte por delitos políticos.
Para García Moreno y para los jueces de la Corte Suprema Marcial las constituciones no les doblegaban ante la dinámica política y la fuerza de las leyes.
Las constituciones de 1906, conocida como la Carta Magna del Liberalismo, de 1946, llamada Estatuto Conservador, de 1979, denominada de la transición democrática, y de 1997, calificada como neoliberal para sus críticos, fueron las de más larga duración en la historia constitucional. ¿Por qué? La salud económica del país explica, en algunos momentos, la estabilidad política y constitucional, como la que se vivió entre 1948 y 1960. En todo caso, más importante es el hecho que los actores políticos optaron por el régimen democrático, dentro de una fuerte institucionalidad,  antes que por la dictadura y, con la habilidad propia de los orfebres,  lograron superar los conflictos políticos.
La constitución del 2008 tiene una dura prueba el 2015. Las finanzas públicas se han deteriorado como consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo de 80 USD, en que se lo presupuestó, a 40 USD. La agitación social y política está activándose. Este proceso coincide con el final del boom petrolero iniciado el 2006.
En 1981 culminó el boom petrolero que comenzó en 1972. La Constitución de 1979 superó la dura prueba, en medio de la caída del precio del petróleo, el impagable endeudamiento público y la incontenible protesta social.
¿Pasará la prueba del 2015 la Constitución del 2008 con la que los gobernantes han consolidado un modelo autoritario y estatista?
(Comentarios al Libro Historia Constitucional, en la UASB, 5/02/2015)
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CHURCHILL: LIDERAZGOS QUE FALTAN

 El aniversario de los 50 años de la muerte de Winston Churchill ha servido para que los principales periódicos del mundo, en la edición correspondiente al 24 de enero de 2015, destaquen su legado político, intelectual y personal, en una época dominada por gobernantes insípidos, ramplones y, en no pocas ocasiones, también corruptos.
Barry Singer, en su reciente obra titulada el “arte de ser Winston Churchill” (The art of being Winston Churchill), presenta rasgos personales desconocidos del gran estadista británico, desde su bien estructurado horario diario de trabajo intelectual, entre las últimas horas de la noche y las primeras de la madrugada,  hasta su gusto por las tertulias de sobremesa, los cigarros, el whisky, la pintura, la jardinería, los mapas y los autos.
En el libro de Singer se descubre a un personaje superior que hizo de su vida una verdadera obra de arte. Se descubre, asimismo, a un autor, como Singer, quien, desde su selecta librería de Nueva York especializada en Churchill, disecciona, con singular maestría, al estadista inglés.
No sólo se le recuerda a Churchill por haber liderado a Gran Bretaña y a los aliados frente a Hitler sino por otras razones, igualmente, importantes, entre ellas,  el premio Nobel de literatura  que le fue concedido por sus monumentales obras biográficas e históricas. Curiosamente, nunca obtuvo una titulación universitaria. Su formación intelectual provino del aprendizaje disciplinado que se impuso, a sí mismo,  desde muy joven.
Considerado como uno de los más grandes oradores del Siglo XX, permaneció activo en la política británica, como miembro del parlamento y del gabinete, por cinco décadas. Son parte de la antología política sus ingeniosas réplicas como aquella en la que le dijo a  la dama que le espetó que le habría envenenado el té si fuera su esposa: “si fuera su esposo me lo tomaría”.
No siempre estuvo en la cumbre, en el mando político de su País.  Por una década, entre 1929 y 1939, fue marginado de la primera línea de combate, a pesar de conservar su escaño parlamentario. Además, debió soportar problemas económicos.  Pensó que había llegado su final político. No tenía más que 53 años de edad. 
La amenaza de Hitler le permitió regresar al Ministerio de Guerra, poco antes de convertirse, a sus 65 años,  en Primer Ministro. Aprovechó, esos años de marginación, para informarse sobre los avances del nazismo y condenar, con datos precisos, la política bélica inglesa. Alguna vez dijo que su fortaleza intelectual radicaba en su conocimiento de los datos y los hechos del presente y de la historia.
Perdió algunas elecciones. Sin embargo, siempre se recuperó y volvió. La derrota más penosa le ocurrió después de haber ganado la segunda guerra mundial con los aliados. Inexplicablemente, sus electores no le confirmaron en el cargo. Solía decir: “en la guerra se muere una vez, mientras en la política muchas veces”.

Hizo política a lo grande, lejos de las mezquindades propias de las mentes pequeñas y de las desmedidas ambiciones revolucionarias y refundadoras de quienes reniegan del movimiento cíclico y evolutivo de la historia. Luchó por ideas y causas nobles. Se lamentaba que “vivamos en una época de grandes acontecimientos con políticos pequeños limitados a ver que los acontecimientos ocurran y pasen”.
2015/01/26

8 AÑOS EN EL PODER CON MAS PODERES SALVAJES

8 AÑOS EN EL PODER CON MAS PODERES SALVAJES
Quienes gobiernan el Ecuador celebraron, a lo grande, sus 8 años en el poder, el 15 de enero de 2015, con discursos rimbombantes, desfiles, bailes, cantos y algunas bromas de mal gusto, como si nunca fueran a dejar el poder y, curiosamente, con la voluntad de ampliarlo y utilizarlo  hasta el límite en su afán de refundar el País.
El intelectual ecuatoriano, José Rafael Bustamante, en un ensayo sobre la filosofía de la libertad, en 1953, dijo que el “político tiende a robustecer la autoridad, gobierno de otro, en mengua de la libertad, gobierno propio”, debido a que “ansía frenéticamente el poder y la autoridad por el solo placer de gobernar a los demás”. Por ello, añadió, solamente “quiere ensanchar y engrandecer esa función, achicando la facultad de gobierno propio de los individuos y de los pueblos, so pretexto de labrar la felicidad de éstos”.
¿Qué ha ocurrido con el poder y el espacio de los individuos entre el 2007 y el 2015?
Los gobernantes ecuatorianos le han hecho crecer al Estado, a costa de los espacios para las libertades ciudadanas. Han desarrollado un modelo compuesto por dos elementos: estatismo y  autoritarismo.
Si la pasión política, como dice Bustamante, es también pasión de dominación, los políticos, cuando gobiernan, llevan hasta el extremo la voluntad de dominar, controlar y regular. Esa pasión se ha desbordado entre los gobernantes ecuatorianos, en estos 8 años de revolución ciudadana.
Si se compara el grado de poder de quienes gobiernan el Ecuador con el que tuvieron aquellos que gobernaron en años anteriores al 2007, los actuales gobernantes son más poderosos. El aparato estatal, desde el que gobiernan, es más grande y robusto. Además, han concentrado tanto el poder que no existen eficaces controles horizontales y verticales. Mandan, sin límites reales, desde el Estado, único monopolio del poder político.
Han logrado instaurar, en estos 8 años, unos poderes salvajes, recubiertos, tan sólo en el nombre, por una Constitución garantista, un Estado constitucional de derechos y justicia y una democracia constitucional.
 “Los poderes, libres de límites y controles, tienden a concentrarse y a acumularse en formas absolutas: a convertirse, a falta de reglas, en poderes salvajes”, señala el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en la misma línea de pensamiento de Montesquieu.
Con el ejercicio de tales poderes salvajes, los gobernantes ecuatorianos no han reconocido la existencia de la estricta separación entre  Estado y  pueblo y entre  fuerza política gobernante e instituciones públicas.   Han gobernado como si fueran el pueblo, olvidándose que la soberanía popular nunca les fue transferida por su titular. Han permitido que el “movimiento” se apropie de las instituciones públicas.
En medio de una precaria estabilidad política, han levantado un sistema estatista y autoritario, característico de la premodernidad constitucional.
Está bien que celebren el poder que ya tienen, pero no conmemoren el que no tienen. Todavía falta que cambien la Constitución y aprueben más leyes dirigistas para que adquieran más poder.

 16/01/2015

LAS GENERACIONES EN LA ASAMBLEA

La edad promedio de los asambleístas de Gobierno será de alrededor de 38 años, mientras la edad promedio de los opositores bordeará los 48 años. ¿Existe una insalvable brecha generacional entre unos y otros?.
José Ortega y Gasset, en su Teoría de las Generaciones, formulada en 1933, cuando la expectativa de vida era más baja que ahora, estimó que la vida a plenitud de los agentes históricos se proyectaba en un espacio de 60 años. Le dejaba a la vejez fuera de la vida plenaria, como un simple residuo.
Según él, a los 30 años se produce el punto de quiebre, cuando comienza la madurez y se inicia la intervención activa en la historia, pues,  todo lo anterior es una etapa de recepción. En la niñez, que va hasta los 15 años, y en la juventud, que se extiende hasta los 30 años, el hombre aprende en una experiencia de fermentación íntima.
Entre los 30 y los 60 años existen dos fases. Hasta los 45 años el hombre lucha e impone su módulo, en otras palabras, se expande en medio de la polémica y la creación. De los 45 a los 60 años ejerce predominio.
A primera vista, no sería  mayor la distancia que separa a las generaciones de asambleístas. Sin embargo, la generación más joven se encontraría en la etapa de expansión, mientras la más antigua estaría adentrándose en la etapa de predominio.
Paradójicamente, la generación opositora estaría en la etapa de predominio sin poder real en la Asamblea, siendo una pequeña minoría. En cambio,   la generación del oficialismo estaría en capacidad de expandir un poder mayor al de sus adversarios.

CAPRILES Y LA FICCION DEMOCRATICA

“Está lista tu celda” y “con tus bienes indemnizaremos a las víctimas de la protesta”, son algunas de las advertencias hechas a Capriles por los ministros fanáticos de Maduro. Adicionalmente, el inefable Jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, les dejó sin paga y sin el derecho a la palabra a los asambleístas opositores, luego de haber consentido que les agredieran físicamente dentro de la misma Asamblea.
¿Se puede llamar democracia constitucional a un régimen, como el venezolano, en que los derechos de los opositores   son tan precarios, a tal punto que, por la simple voluntad de un funcionario, pueden perder sus bienes y el derecho a la libertad de expresión?.
En la tierra de Simón Bolívar la democracia constitucional se ha transformado en una ficción, esto es,  en una falsedad sin pretensiones de engaño.  Las elecciones, aparentemente abiertas y competitivas, han cumplido la función de recubrir la falacia.
Donald Kagan, eminente estudioso de la democracia griega, dice que la democracia es “una de las más raras, delicadas y frágiles flores en la selva de la experiencia humana”. Esa flor, ya marchita durante la era chavista, se la llevó el viento después de la toma del poder por Maduro.
Venezuela es el ejemplo de lo que debemos evitar en los demás países latinoamericanos. No es el mejor lugar para vivir con libertad y bienestar un país con un régimen político  descompuesto y una economía colapsada.
En Venezuela, el respeto a los derechos fundamentales ya no es el sustento del ejercicio del poder.  Maduro preside un gobierno autoritario, abusivo e ineficiente.  Faltan alimentos, la inflación destruye el poder adquisitivo y la devaluación lastima el valor de la moneda.  Caracas es una de las ciudades más inseguras del Continente. El servicio eléctrico es irregular.
Capriles, debidamente legitimado por la votación que obtuvo, se limitó a ejercer un derecho democrático: pedir el recuento de los votos. En una democracia abierta y tolerante una petición de esa naturaleza hubiera sido procesada institucionalmente. La élite gobernante venezolana reaccionó con intolerancia y primitivismo, tal como lo hubiera hecho una camarilla asustada.
Nada raro es que el líder de la oposición venezolana sea objeto del ostracismo, aquella medida de exclusión con la que, en los gérmenes de la democracia ateniense, por el Siglo V antes de Cristo, el célebre Pericles se libraba de sus temibles adversarios, desterrándolos.
Ojalá Capriles no corra la misma suerte de Manuel Rosales,  contendor de Chávez y antiguo Gobernador de Sulia, quien se encuentra exiliado en Perú después que el difunto, en una concentración de masas, le dijo a su rival: “Rosales te voy a meter preso”.
¿Qué puede lograr Capriles en esa batalla tan desigual?. Internamente, mantener viva la fe de sus votantes y desgastar al oficialismo. En lo internacional, provocar la solidaridad de las pocas fuerzas democráticas del mundo que todavía cuestionan a Maduro. Es lamentable que Santos y Piñera hayan renunciado a luchar por la democracia en Venezuela.
Capriles sabe que, por ahora,  los hechos están consumados. Gracias al fraude, Maduro y su camarilla  aseguraron su continuidad en el poder. El mediano plazo es el mejor aliado de Capriles para que la ficción democrática se diluya cuando, finalmente, estalle la  crisis socio económica que se ha venido incubando.
@lftorrest

EL LAUDO QUE CONDENA AL ECUADOR POR EXPROPIACION

 Dos de los tres árbitros del Tribunal arbitral del CIADI le condenaron al Ecuador a pagar 1.769.625.000 USD a la empresa estadounidense OXY por la expropiación de sus inversiones. Tal monto equivale al 75% del valor total de la compensación, pues, el 25% le fue imputado a OXY, debido a la falta que cometió al no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión, a AEC, del 40% de los derechos en el contrato de participación petrolero para la exploración y explotación del Bloque 15.  
El interés fijado por el Tribunal no fue el simple sino el compuesto anual y mensual a una tasa de interés del 4.188% para los pagos adeudados hasta el Laudo y a la tasa LIBOR de EEUU para pagos posteriores a la emisión del laudo.
El Gobierno ecuatoriano puso el grito en el cielo y anunció la impugnación del Laudo, olvidándose que, en un caso anterior con la misma empresa, el de la devolución del IVA, el Procurador General del Estado de la época demandó la nulidad del Laudo adverso al Ecuador ante la Corte de la Reina en Inglaterra, sin que haya sido posible alcanzar el objetivo de la nulidad. Al final del periplo arbitral el País resultó  con una deuda significativamente aumentada por los intereses devengados.
Los árbitros identifican a quienes precipitaron la caducidad del contrato de participación de la OXY, el 16 de mayo del 2006. El actual Presidente figura, con nombres y apellidos, entre los promotores y agitadores.
En el Laudo no se le exculpa a la empresa OXY. Los árbitros le responsabilizan por la comisión del acto ilícito de no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión del 40% del contrato, pesar de los esfuerzos jurídicos hechos por la empresa para demostrar que el Acuerdo Farmout, celebrado entre OXY y AEC, no supuso ninguna cesión de derechos sino un compromiso para materializar una cesión en lo futuro. A criterio del Tribunal, la cesión debió considerarse inexistente, ni siquiera nula.
Sin embargo, los árbitros estiman que la sanción impuesta por el Estado, esto es, la caducidad y la subsecuente expropiación sin indemnización, no fue proporcional ni equitativa. Recuerdan que el mismo Procurador del Estado que recomendó la caducidad, luego sugirió que se renegociará el contrato.
Son cuantiosos los beneficios económicos obtenidos por el Estado ecuatoriano desde el 16 de mayo de 2006 hasta la fecha por la explotación del Bloque 15. Superan con creces el monto de la indemnización establecido por el Tribunal.
El Laudo deja una lección interesante: el Estado no puede expropiar inversiones privadas sin justa compensación, ni siquiera en el caso que una norma legal le autorice hacerlo.
La Ley de Hidrocarburos estipulaba que el Estado podía tomar el control de un bloque petrolero, sin indemnización, cuando se había declarado, en forma unilateral,  la caducidad del respectivo contrato.  
El Tribunal le condenó al Ecuador por haber expropiado una inversión privada estadounidense en contra de lo acordado en el TBI con EE.UU.
No resulta fácil entender que el Tribunal le haya dado la razón, parcialmente, a la empresa OXY, luego de haber calificado su actuación como negligente e, inclusive, ilícita.
La explicación, en todo caso, está en el principio de proporcionalidad, uno de los aportes más interesantes de los árbitros.