DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY COMUNICACION

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El Legislador tungurahuense, Luis Fernando Torres, demandó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Comunicación. Tal trascendencia tuvo el hecho que la presentación de la demanda en la Corte Constitucional recibió la cobertura de la prensa nacional e internacional.
Torres indicó que la demanda la presentó como Asambleísta y ciudadano y no en representación de ninguna organización política, ni siquiera del Movimiento Tiempo de Cambio, del cual es su fundador y máximo líder.
Afirmó que unos 50 artículos de la Ley no fueron debatidos antes de ser incorporados y votados en la Asamblea, por lo que adolecen de inconstitucionalidad por la forma por vicios en el procedimiento. 12 artículos fueron impugnados, en cambio, por inconstitucionalidad de fondo, al considerar que son incompatibles con las normas constitucionales sobre libertad de información, seguridad jurídica y debido proceso.
El mismo día en que Torres presentó la demanda, la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo públicas sus observaciones a la LOC.
El Legislador indicó que la Ley de Comunicación tiene algunos aspectos positivos para desarrollar un periodismo de calidad, reconocer los derechos de los periodistas, mejorar la producción nacional de publicidad, asegurar la transparencia en el tiraje de la prensa, promover la equidad de la publicidad de las entidades públicas nacionales y evitar la concentración de frecuencias en pocos concesionarios.
Son pocos los artículos los que desnaturalizan a la LOC, manifestó el demandante, quien firmó la demanda junto al Ab. Esteban Torres Cobo, quien figura como patrocinador legal de la causa.
Uno de los temas centrales de la acción tiene que ver con el hecho de considerar que los medios privados son prestadores del servicio público de comunicación. Para Torres los medios prestan un servicio informativo al público, lo cual es diferente.

LAS GENERACIONES EN LA ASAMBLEA

La edad promedio de los asambleístas de Gobierno será de alrededor de 38 años, mientras la edad promedio de los opositores bordeará los 48 años. ¿Existe una insalvable brecha generacional entre unos y otros?.
José Ortega y Gasset, en su Teoría de las Generaciones, formulada en 1933, cuando la expectativa de vida era más baja que ahora, estimó que la vida a plenitud de los agentes históricos se proyectaba en un espacio de 60 años. Le dejaba a la vejez fuera de la vida plenaria, como un simple residuo.
Según él, a los 30 años se produce el punto de quiebre, cuando comienza la madurez y se inicia la intervención activa en la historia, pues,  todo lo anterior es una etapa de recepción. En la niñez, que va hasta los 15 años, y en la juventud, que se extiende hasta los 30 años, el hombre aprende en una experiencia de fermentación íntima.
Entre los 30 y los 60 años existen dos fases. Hasta los 45 años el hombre lucha e impone su módulo, en otras palabras, se expande en medio de la polémica y la creación. De los 45 a los 60 años ejerce predominio.
A primera vista, no sería  mayor la distancia que separa a las generaciones de asambleístas. Sin embargo, la generación más joven se encontraría en la etapa de expansión, mientras la más antigua estaría adentrándose en la etapa de predominio.
Paradójicamente, la generación opositora estaría en la etapa de predominio sin poder real en la Asamblea, siendo una pequeña minoría. En cambio,   la generación del oficialismo estaría en capacidad de expandir un poder mayor al de sus adversarios.

CAPRILES Y LA FICCION DEMOCRATICA

“Está lista tu celda” y “con tus bienes indemnizaremos a las víctimas de la protesta”, son algunas de las advertencias hechas a Capriles por los ministros fanáticos de Maduro. Adicionalmente, el inefable Jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, les dejó sin paga y sin el derecho a la palabra a los asambleístas opositores, luego de haber consentido que les agredieran físicamente dentro de la misma Asamblea.
¿Se puede llamar democracia constitucional a un régimen, como el venezolano, en que los derechos de los opositores   son tan precarios, a tal punto que, por la simple voluntad de un funcionario, pueden perder sus bienes y el derecho a la libertad de expresión?.
En la tierra de Simón Bolívar la democracia constitucional se ha transformado en una ficción, esto es,  en una falsedad sin pretensiones de engaño.  Las elecciones, aparentemente abiertas y competitivas, han cumplido la función de recubrir la falacia.
Donald Kagan, eminente estudioso de la democracia griega, dice que la democracia es “una de las más raras, delicadas y frágiles flores en la selva de la experiencia humana”. Esa flor, ya marchita durante la era chavista, se la llevó el viento después de la toma del poder por Maduro.
Venezuela es el ejemplo de lo que debemos evitar en los demás países latinoamericanos. No es el mejor lugar para vivir con libertad y bienestar un país con un régimen político  descompuesto y una economía colapsada.
En Venezuela, el respeto a los derechos fundamentales ya no es el sustento del ejercicio del poder.  Maduro preside un gobierno autoritario, abusivo e ineficiente.  Faltan alimentos, la inflación destruye el poder adquisitivo y la devaluación lastima el valor de la moneda.  Caracas es una de las ciudades más inseguras del Continente. El servicio eléctrico es irregular.
Capriles, debidamente legitimado por la votación que obtuvo, se limitó a ejercer un derecho democrático: pedir el recuento de los votos. En una democracia abierta y tolerante una petición de esa naturaleza hubiera sido procesada institucionalmente. La élite gobernante venezolana reaccionó con intolerancia y primitivismo, tal como lo hubiera hecho una camarilla asustada.
Nada raro es que el líder de la oposición venezolana sea objeto del ostracismo, aquella medida de exclusión con la que, en los gérmenes de la democracia ateniense, por el Siglo V antes de Cristo, el célebre Pericles se libraba de sus temibles adversarios, desterrándolos.
Ojalá Capriles no corra la misma suerte de Manuel Rosales,  contendor de Chávez y antiguo Gobernador de Sulia, quien se encuentra exiliado en Perú después que el difunto, en una concentración de masas, le dijo a su rival: “Rosales te voy a meter preso”.
¿Qué puede lograr Capriles en esa batalla tan desigual?. Internamente, mantener viva la fe de sus votantes y desgastar al oficialismo. En lo internacional, provocar la solidaridad de las pocas fuerzas democráticas del mundo que todavía cuestionan a Maduro. Es lamentable que Santos y Piñera hayan renunciado a luchar por la democracia en Venezuela.
Capriles sabe que, por ahora,  los hechos están consumados. Gracias al fraude, Maduro y su camarilla  aseguraron su continuidad en el poder. El mediano plazo es el mejor aliado de Capriles para que la ficción democrática se diluya cuando, finalmente, estalle la  crisis socio económica que se ha venido incubando.
@lftorrest

EL LAUDO QUE CONDENA AL ECUADOR POR EXPROPIACION

 Dos de los tres árbitros del Tribunal arbitral del CIADI le condenaron al Ecuador a pagar 1.769.625.000 USD a la empresa estadounidense OXY por la expropiación de sus inversiones. Tal monto equivale al 75% del valor total de la compensación, pues, el 25% le fue imputado a OXY, debido a la falta que cometió al no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión, a AEC, del 40% de los derechos en el contrato de participación petrolero para la exploración y explotación del Bloque 15.  
El interés fijado por el Tribunal no fue el simple sino el compuesto anual y mensual a una tasa de interés del 4.188% para los pagos adeudados hasta el Laudo y a la tasa LIBOR de EEUU para pagos posteriores a la emisión del laudo.
El Gobierno ecuatoriano puso el grito en el cielo y anunció la impugnación del Laudo, olvidándose que, en un caso anterior con la misma empresa, el de la devolución del IVA, el Procurador General del Estado de la época demandó la nulidad del Laudo adverso al Ecuador ante la Corte de la Reina en Inglaterra, sin que haya sido posible alcanzar el objetivo de la nulidad. Al final del periplo arbitral el País resultó  con una deuda significativamente aumentada por los intereses devengados.
Los árbitros identifican a quienes precipitaron la caducidad del contrato de participación de la OXY, el 16 de mayo del 2006. El actual Presidente figura, con nombres y apellidos, entre los promotores y agitadores.
En el Laudo no se le exculpa a la empresa OXY. Los árbitros le responsabilizan por la comisión del acto ilícito de no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión del 40% del contrato, pesar de los esfuerzos jurídicos hechos por la empresa para demostrar que el Acuerdo Farmout, celebrado entre OXY y AEC, no supuso ninguna cesión de derechos sino un compromiso para materializar una cesión en lo futuro. A criterio del Tribunal, la cesión debió considerarse inexistente, ni siquiera nula.
Sin embargo, los árbitros estiman que la sanción impuesta por el Estado, esto es, la caducidad y la subsecuente expropiación sin indemnización, no fue proporcional ni equitativa. Recuerdan que el mismo Procurador del Estado que recomendó la caducidad, luego sugirió que se renegociará el contrato.
Son cuantiosos los beneficios económicos obtenidos por el Estado ecuatoriano desde el 16 de mayo de 2006 hasta la fecha por la explotación del Bloque 15. Superan con creces el monto de la indemnización establecido por el Tribunal.
El Laudo deja una lección interesante: el Estado no puede expropiar inversiones privadas sin justa compensación, ni siquiera en el caso que una norma legal le autorice hacerlo.
La Ley de Hidrocarburos estipulaba que el Estado podía tomar el control de un bloque petrolero, sin indemnización, cuando se había declarado, en forma unilateral,  la caducidad del respectivo contrato.  
El Tribunal le condenó al Ecuador por haber expropiado una inversión privada estadounidense en contra de lo acordado en el TBI con EE.UU.
No resulta fácil entender que el Tribunal le haya dado la razón, parcialmente, a la empresa OXY, luego de haber calificado su actuación como negligente e, inclusive, ilícita.
La explicación, en todo caso, está en el principio de proporcionalidad, uno de los aportes más interesantes de los árbitros.

FUNDAMENTALISMOS Y EXTRATERRITORIALIDADES JUDICIALES

El célebre columnista dominical del periódico colombiano El Tiempo, el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar, criticó que la Corte Constitucional haya resuelto obligar a que se practiquen abortos en los hospitales, incluidos los católicos, desconociendo el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones de salud pertenecientes a la Iglesia.
En su columna titulada “fundamentalismo de izquierda” (7-10-2012) lamentó que la Corte Constitucional, profesando un fundamentalismo antiético,  se haya hecho eco de la corriente antirreligiosa “que se ha propuesto como meta, con razón o sin ella, imponer a toda la sociedad los dogmas morales contrarios a la Iglesia católica: el relativismo moral, el aborto”.
Desde que a los jueces constitucionales se les reconoció la competencia para interpretar, a su manera, con el pretexto de que lo hacen a la luz de los valores constitucionales, el alcance de los derechos, éstos se han ampliado para unos y se han restringido para otros.
Con la resolución de la Corte colombiana, la Iglesia católica se vio obligada a escudarse en el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones para evitar una grosera interferencia estatal en las decisiones de los centros de salud. No le fue suficiente la defensa del derecho a la vida de quien está por nacer frente al derecho a la vida de la mujer defendido por la Corte Constitucional.   
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo está por decidir (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) si un grupo de trabajadores nigerianos puede demandar, ante jueces estadounidenses, a empresas no estadounidenses por violaciones a derechos cometidas fuera de Estados Unidos, al amparo de una antiquísima Ley de daños  de extranjeros de 1789 (Alien Tort Act).
Se espera que la Corte Suprema delimite el alcance de esa Ley, excluyendo la absurda extraterritorialidad como la planteada por los nigerianos.
En todo caso, existen jueces y abogados estadounidenses que pugnan por llevar casos originados fuera del territorio estadounidense a la justicia de un país, Estados Unidos, que no ha reconocido ni siquiera la jurisdicción de tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
La extraterritorialidad de la justicia española es diferente. En reiterados fallos del Tribunal Constitucional se ha reconocido la jurisdicción de los jueces españoles por violaciones a los derechos humanos cometidas fuera de territorio español, siempre que hubiere alguna vinculación con un ciudadano español (Amparo de Rigoberta Menchú, 2005).
En medio de fundamentalismos y extraterritorialidades, los jueces, sean colombianos, estadounidenses o españoles, no dejan de tener poder e influencia en el curso de la vida pública del Estado.