CAPRILES Y LA FICCION DEMOCRATICA

“Está lista tu celda” y “con tus bienes indemnizaremos a las víctimas de la protesta”, son algunas de las advertencias hechas a Capriles por los ministros fanáticos de Maduro. Adicionalmente, el inefable Jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, les dejó sin paga y sin el derecho a la palabra a los asambleístas opositores, luego de haber consentido que les agredieran físicamente dentro de la misma Asamblea.
¿Se puede llamar democracia constitucional a un régimen, como el venezolano, en que los derechos de los opositores   son tan precarios, a tal punto que, por la simple voluntad de un funcionario, pueden perder sus bienes y el derecho a la libertad de expresión?.
En la tierra de Simón Bolívar la democracia constitucional se ha transformado en una ficción, esto es,  en una falsedad sin pretensiones de engaño.  Las elecciones, aparentemente abiertas y competitivas, han cumplido la función de recubrir la falacia.
Donald Kagan, eminente estudioso de la democracia griega, dice que la democracia es “una de las más raras, delicadas y frágiles flores en la selva de la experiencia humana”. Esa flor, ya marchita durante la era chavista, se la llevó el viento después de la toma del poder por Maduro.
Venezuela es el ejemplo de lo que debemos evitar en los demás países latinoamericanos. No es el mejor lugar para vivir con libertad y bienestar un país con un régimen político  descompuesto y una economía colapsada.
En Venezuela, el respeto a los derechos fundamentales ya no es el sustento del ejercicio del poder.  Maduro preside un gobierno autoritario, abusivo e ineficiente.  Faltan alimentos, la inflación destruye el poder adquisitivo y la devaluación lastima el valor de la moneda.  Caracas es una de las ciudades más inseguras del Continente. El servicio eléctrico es irregular.
Capriles, debidamente legitimado por la votación que obtuvo, se limitó a ejercer un derecho democrático: pedir el recuento de los votos. En una democracia abierta y tolerante una petición de esa naturaleza hubiera sido procesada institucionalmente. La élite gobernante venezolana reaccionó con intolerancia y primitivismo, tal como lo hubiera hecho una camarilla asustada.
Nada raro es que el líder de la oposición venezolana sea objeto del ostracismo, aquella medida de exclusión con la que, en los gérmenes de la democracia ateniense, por el Siglo V antes de Cristo, el célebre Pericles se libraba de sus temibles adversarios, desterrándolos.
Ojalá Capriles no corra la misma suerte de Manuel Rosales,  contendor de Chávez y antiguo Gobernador de Sulia, quien se encuentra exiliado en Perú después que el difunto, en una concentración de masas, le dijo a su rival: “Rosales te voy a meter preso”.
¿Qué puede lograr Capriles en esa batalla tan desigual?. Internamente, mantener viva la fe de sus votantes y desgastar al oficialismo. En lo internacional, provocar la solidaridad de las pocas fuerzas democráticas del mundo que todavía cuestionan a Maduro. Es lamentable que Santos y Piñera hayan renunciado a luchar por la democracia en Venezuela.
Capriles sabe que, por ahora,  los hechos están consumados. Gracias al fraude, Maduro y su camarilla  aseguraron su continuidad en el poder. El mediano plazo es el mejor aliado de Capriles para que la ficción democrática se diluya cuando, finalmente, estalle la  crisis socio económica que se ha venido incubando.
@lftorrest

EL LAUDO QUE CONDENA AL ECUADOR POR EXPROPIACION

 Dos de los tres árbitros del Tribunal arbitral del CIADI le condenaron al Ecuador a pagar 1.769.625.000 USD a la empresa estadounidense OXY por la expropiación de sus inversiones. Tal monto equivale al 75% del valor total de la compensación, pues, el 25% le fue imputado a OXY, debido a la falta que cometió al no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión, a AEC, del 40% de los derechos en el contrato de participación petrolero para la exploración y explotación del Bloque 15.  
El interés fijado por el Tribunal no fue el simple sino el compuesto anual y mensual a una tasa de interés del 4.188% para los pagos adeudados hasta el Laudo y a la tasa LIBOR de EEUU para pagos posteriores a la emisión del laudo.
El Gobierno ecuatoriano puso el grito en el cielo y anunció la impugnación del Laudo, olvidándose que, en un caso anterior con la misma empresa, el de la devolución del IVA, el Procurador General del Estado de la época demandó la nulidad del Laudo adverso al Ecuador ante la Corte de la Reina en Inglaterra, sin que haya sido posible alcanzar el objetivo de la nulidad. Al final del periplo arbitral el País resultó  con una deuda significativamente aumentada por los intereses devengados.
Los árbitros identifican a quienes precipitaron la caducidad del contrato de participación de la OXY, el 16 de mayo del 2006. El actual Presidente figura, con nombres y apellidos, entre los promotores y agitadores.
En el Laudo no se le exculpa a la empresa OXY. Los árbitros le responsabilizan por la comisión del acto ilícito de no haber obtenido la autorización ministerial para la cesión del 40% del contrato, pesar de los esfuerzos jurídicos hechos por la empresa para demostrar que el Acuerdo Farmout, celebrado entre OXY y AEC, no supuso ninguna cesión de derechos sino un compromiso para materializar una cesión en lo futuro. A criterio del Tribunal, la cesión debió considerarse inexistente, ni siquiera nula.
Sin embargo, los árbitros estiman que la sanción impuesta por el Estado, esto es, la caducidad y la subsecuente expropiación sin indemnización, no fue proporcional ni equitativa. Recuerdan que el mismo Procurador del Estado que recomendó la caducidad, luego sugirió que se renegociará el contrato.
Son cuantiosos los beneficios económicos obtenidos por el Estado ecuatoriano desde el 16 de mayo de 2006 hasta la fecha por la explotación del Bloque 15. Superan con creces el monto de la indemnización establecido por el Tribunal.
El Laudo deja una lección interesante: el Estado no puede expropiar inversiones privadas sin justa compensación, ni siquiera en el caso que una norma legal le autorice hacerlo.
La Ley de Hidrocarburos estipulaba que el Estado podía tomar el control de un bloque petrolero, sin indemnización, cuando se había declarado, en forma unilateral,  la caducidad del respectivo contrato.  
El Tribunal le condenó al Ecuador por haber expropiado una inversión privada estadounidense en contra de lo acordado en el TBI con EE.UU.
No resulta fácil entender que el Tribunal le haya dado la razón, parcialmente, a la empresa OXY, luego de haber calificado su actuación como negligente e, inclusive, ilícita.
La explicación, en todo caso, está en el principio de proporcionalidad, uno de los aportes más interesantes de los árbitros.

FUNDAMENTALISMOS Y EXTRATERRITORIALIDADES JUDICIALES

El célebre columnista dominical del periódico colombiano El Tiempo, el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar, criticó que la Corte Constitucional haya resuelto obligar a que se practiquen abortos en los hospitales, incluidos los católicos, desconociendo el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones de salud pertenecientes a la Iglesia.
En su columna titulada “fundamentalismo de izquierda” (7-10-2012) lamentó que la Corte Constitucional, profesando un fundamentalismo antiético,  se haya hecho eco de la corriente antirreligiosa “que se ha propuesto como meta, con razón o sin ella, imponer a toda la sociedad los dogmas morales contrarios a la Iglesia católica: el relativismo moral, el aborto”.
Desde que a los jueces constitucionales se les reconoció la competencia para interpretar, a su manera, con el pretexto de que lo hacen a la luz de los valores constitucionales, el alcance de los derechos, éstos se han ampliado para unos y se han restringido para otros.
Con la resolución de la Corte colombiana, la Iglesia católica se vio obligada a escudarse en el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones para evitar una grosera interferencia estatal en las decisiones de los centros de salud. No le fue suficiente la defensa del derecho a la vida de quien está por nacer frente al derecho a la vida de la mujer defendido por la Corte Constitucional.   
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo está por decidir (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) si un grupo de trabajadores nigerianos puede demandar, ante jueces estadounidenses, a empresas no estadounidenses por violaciones a derechos cometidas fuera de Estados Unidos, al amparo de una antiquísima Ley de daños  de extranjeros de 1789 (Alien Tort Act).
Se espera que la Corte Suprema delimite el alcance de esa Ley, excluyendo la absurda extraterritorialidad como la planteada por los nigerianos.
En todo caso, existen jueces y abogados estadounidenses que pugnan por llevar casos originados fuera del territorio estadounidense a la justicia de un país, Estados Unidos, que no ha reconocido ni siquiera la jurisdicción de tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
La extraterritorialidad de la justicia española es diferente. En reiterados fallos del Tribunal Constitucional se ha reconocido la jurisdicción de los jueces españoles por violaciones a los derechos humanos cometidas fuera de territorio español, siempre que hubiere alguna vinculación con un ciudadano español (Amparo de Rigoberta Menchú, 2005).
En medio de fundamentalismos y extraterritorialidades, los jueces, sean colombianos, estadounidenses o españoles, no dejan de tener poder e influencia en el curso de la vida pública del Estado.

LA TRADICION TAURINA FRANCESA
El Consejo Constitucional francés decidió que las corridas de toros gozaban de absoluta legitimidad en los lugares donde expresaban las tradiciones culturales y populares del pueblo, por lo que allí no debían regir las sanciones por la muerte de animales tipificadas en la legislación penal.  En un diez por ciento del territorio galo se realizan corridas de toros, con todos los ritos de la tauromaquia y la presencia de una afición muy entendida en el arte taurino.
La ciudad de Nimes se encuentra dentro de esa zona taurina, precisamente donde José Tomás –la semana en que tomó su decisión el Consejo-  lidió seis toros y cortó once orejas, dentro del histórico coliseo local, convertido en señorial plaza de toros.
El pronunciamiento del Consejo Constitucional tiene un sentido trascendental para preservar las ferias taurinas como «tradiciones» populares, culturales e históricas, frente a mayorías ciudadanas adversas a las corridas de toros.  Los derechos de las minorías, más aún si son expresiones enraizadas en la conciencia popular e histórica, merecen el respeto de las mayorías.  Así debe entenderse la decisión constitucional francesa.
Frente a las decisiones mayoritarias están los derechos de los individuos y de las minorías.
En Cataluña fue suficiente la decisión legislativa de una mayoría ajustada para que se diera la estocada final a las corridas de toros, a partir del 2012.  Los aficionados a la tauromaquia vienen promoviendo una consulta popular para revertir la abusiva decisión legislativa adoptada por una mayoría de parlamentarios. Ojalá logren su propósito en medio de los recientes debates alrededor de la independencia y la soberanía catalanas.
Una consulta popular promovida por el gobierno socialista, el 2011, les dejó a algunas ciudades ecuatorianas, entre ellas, Quito, la capital taurina del mundo andino, sin corridas de toros completas.  Se prohibió que los toros mueran en la plaza en manos del matador de toros. Lamentablemente, no existen iniciativas para recuperar las corridas de toros en toda su dimensión.
Los alcaldes de Bogotá y San Sebastián, de tendencia socialista el uno y de orientación socio-nacionalista el otro, han anunciado que las plazas de toros municipales no continuaran en arrendamiento o concesión en beneficio de las empresas promotoras de las corridas de toros. 
La lección del Consejo Constitucional francés constituye un mensaje claro para entender que las democracias mayoritarias no son democracias verdaderas cuando desconocen los derechos de las minorías culturales.
En nombre de las democracias mayoritarias –la de la mitad más uno, las de la primera votación minoritaria- se han multiplicado las prohibiciones a los ciudadanos y a los grupos culturalmente heterogéneos. La decisión del Consejo francés es un grito de libertad en un entorno ensombrecido por los dueños de la verdad mayoritaria, aquellos que pontifican por prejuicios, sin autoridad intelectual alguna.
En Ecuador se le ocurrió al gestor de la consulta anti-taurina, el Presidente de la República, decir que para él no había arte en las corridas de toros y que, por ello, era irrelevante si, por decisión mayoritaria, las corridas eran mutiladas, como, en efecto, fueron mutiladas en algunas ciudades ecuatorianas, donde los toros son devueltos a chiqueros para que allí, casi en secreto, sean sacrificados por matarifes y puntilleros.

A LA CARCEL POR CONDUCIR A 61 KM/H

Al defender a una mujer, de cerca de sesenta años, privada de su libertad por haber conducido su vehículo a 61 Km/h en una vía periférica urbana de cuatro carriles, confirmé, una vez más,  que, en el Ecuador, el garantismo, en materia penal,  era una simple declaración programática.
A pesar de haber demostrado que la mujer padecía de una enfermedad renal, que se trasladaba con sus nietos de un año de edad con dirección al consultorio del médico tratante, que no había señales de tránsito sobre la velocidad máxima, que el parte policial era diminuto, que faltaba el croquis, que la foto del vehículo era defectuosa y que el policía que la detuvo no le informó sobre sus derechos, el juez encargado de juzgar la contravención de tránsito  optó por hacer reverencia al  parte policial, mediante la aplicación formalista y legalista de las normas de tránsito.
Amparado en el Art. 145, literal e) de la Ley de Tránsito, que se refiere a las contravenciones muy graves, y en medio de los aplausos de los gendarmes, el juez  condenó a la mujer a tres días de prisión en la cárcel pública, a la rebaja de puntos de la licencia y al pago de la multa de una salario básico.
El Art. 191 del Reglamento a la Ley de Tránsito establece que no se sanciona con la prisión al infractor que conduce un vehículo liviano a una velocidad inferior a 60 km/h en las zonas urbanas.
Si alguien conduce a 61 Km/h, siendo la velocidad máxima 50 Km/h,  debe, en principio, ser sancionado con la pena privativa de la libertad de tres días, siempre que existan señales de las velocidades máximas, el dispositivo detector sea exacto, se hayan  respetado los derechos constitucionales del conductor detenido, éste no  haya justificado atenuantes y se justifique la proporcionalidad de la pena frente a la infracción culposa.
No es suficiente que el infractor vaya a más de 60 km/h. En un sistema garantista se requiere de otros requisitos adicionales para condenar a un infractor con la privación de su libertad.
Lamentablemente, en nuestro País, los jueces han sucumbido a las presiones policiales y al más nefasto legalismo, olvidándose del garantismo y, en consecuencia, de los derechos fundamentales de los infractores.
La mujer conductora fue privada de su libertad mediante una sentencia carente de motivación. Fue esposada, maltratada sicológicamente y recluida en una celda. Antes, dejó a sus nietos al cuidado de terceras personas.
Nunca imaginó que en la vía periférica de cuatro carriles donde fue detenida la velocidad máxima era de 50 km/h. El policía de tránsito, al ser interrogado, respondió que se había informado a la ciudadanía sobre tal límite mediante la distribución de hojas volantes.
Es verdad que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Sin embargo, ¿en qué queda este principio  cuando  no existen señales sobre velocidades máximas (50 km/h) ni sobre la naturaleza de las vías (urbana, perimetral, carretera)?.      

LFC Y EL MONUMENTO A LA AUTONOMIA LOCAL

Llegó al País desde España. Ingresó a la aduana de Guayaquil. Y de allí no pudo salir con destino al sitio que el Municipio  le había reservado en la explanada del Malecón, por la obcecación de un director ministerial y la extraña medida cautelar de un juez  resentido con la historia.
El monumento a León Febres Cordero se quedó en las bodegas de la aduana, a la espera que otro juez  revoque la medida cautelar o que el temor a la ira guayaquileña doblegue la necedad gubernamental.
Las ciudades y los municipios tienen competencias exclusivas para honrar  a quienes   consideren que merecen un monumento público, sin que autoridad nacional alguna pueda interferir en el ejercicio de tales competencias, ni siquiera en nombre del patrimonio cultural.
Bajo esta premisa, en Ambato, el 2012, se erigieron merecidos monumentos a dos ilustres ambateños, Mario Cobo Barona, poeta y escritor de categoría continental, y Luis Pachano Carrión,  notable educador y ex_Alcalde.
Más allá de los afectos y desafectos que provoca la memoria de LFC, no se le puede privar a la ciudad de Guayaquil que le erija un monumento y lo coloque en el lugar escogido por el Municipio.
Es peligroso para los municipios el precedente que ha sentado  el Ministerio de Patrimonio, con la medida cautelar dictada dentro del Cuartel Modelo. En lo futuro, bien podría ese Ministerio u otro cuestionar  decisiones municipales sobre ubicación de monumentos, sea para retirarlos o para evitar que se los coloque en un determinado lugar público.
Muchas ciudades ecuatorianas están “pobladas” de monumentos extravagantes, feos y muy mal concebidos, que, simplemente,   hablan de los extraños gustos de sus diseñadores y la torpeza de sus constructores. Aún en estos casos, ninguna autoridad nacional puede  pronunciarse sobre  su ubicación.
En el Parque Merrion de Dublin, en Irlanda, reposa la estatua de Oscar Wilde, quien aparece recostado sobre una roca. Unos dicen que es un monumento magistralmente concebido, mientras otros critican que se le represente, de ese modo, al creador de Dorian Gray. A pesar de las diferencias, el monumento sigue allí, por tratarse de una decisión local. 
La autonomía local es el refugio de las libertades ciudadanas.  Así como el proceso independentista arrancó desde Guayaquil, esta vez el Puerto Principal tiene el gran desafío de iniciar la cruzada en defensa  de la  autonomía municipal y, en consecuencia, de las libertades ciudadanas.
¿Hasta dónde llegará esa lucha cívica?. Nadie sabe. Solamente se conoce que coincide con la protesta democrática de los pueblos indígenas de la amazonía que reclaman más autonomía y respeto a sus derechos colectivos.
(Publicado en www.ambatonews.com)

IMPUESTOS A LA CARTA

El Gobierno nacional y los gobiernos seccionales no han abandonado la mala costumbre de subir los impuestos anualmente. Para quienes gobiernan el País, tanto a nivel nacional como seccional, salvando poquísimas y honrosas excepciones,  como la decisión del Alcalde guayaquileño de no subir impuestos, se ha convertido en una simple rutina la expropiación anual de una parte de la renta y del patrimonio de los contribuyentes, bajo el sofisma  que “pague más el que más tiene”.
Ya está en vigencia la reforma tributaria que subió el impuesto a la salida de divisas, creó los impuestos “verdes” sobre el patrimonio vehicular y los plásticos, modificó el sistema de exenciones e introdujo un dispositivo letal para el cobro coactivo de deudas no tributarias y, según algunos especialistas, también para el cobro de deudas impositivas. En homenaje a dicha reforma se celebró, hace unos días, el “día de la recaudación” de impuestos, con un amplio despliegue de recaudadores tributarios en ciudades como Cuenca.
En algunos municipios ecuatorianos, bajo el amparo del COOTAD, se activaron importantes incrementos impositivos.
En el Concejo cantonal de Quito se inició la discusión sobre las  revisiones a los impuestos prediales, a los impuestos que gravan la compra y venta de inmuebles, a la contribución por mejoras, a la patente municipal, a la tasa de seguridad y al tributo para financiar obras viales. El Concejo municipal de Ambato, por su parte, modificó el impuesto a las patentes y aprobó un presupuesto con elevados ingresos tributarios para cuyo financiamiento será necesario aumentar, entre otras, las recaudaciones de los impuestos prediales y a la utilidad, así como de las contribuciones por mejoras.
La presión tributaria sobre los contribuyentes ecuatorianos ya bordea el 18%  del PIB, una de las más altas de Latinoamérica, sin contar los tributos seccionales. En otras palabras, los ecuatorianos se encuentran entre aquellos contribuyentes a quienes más les cobra el Estado. Con los últimos incrementos tributarios nacionales y seccionales, la presión tributaria va a ser mayor. Así,  el Gobierno y los municipios dispondrán de más dinero, mientras los contribuyentes verán disminuir su renta y su patrimonio.
Según la estructura impositiva ecuatoriana, quien tiene más no tiene mayores problemas en pagar más impuestos. El rico, al final, sabe que puede pagar, sin irremediables dolencias financieras. En cambio, los ecuatorianos de la clase media (maestros, profesionales, empleados públicos y privados) y los pequeños y medianos empresarios sí tienen serias dificultades para pagar más y nuevos impuestos. Les cuesta, y mucho,  pagar los tributos. Para cumplir sus obligaciones tributarias deben eximirse de vacaciones, dejar de ahorrar e invertir,  prescindir de una serie de gastos cotidianos y familiares y, difícilmente, pueden trasladar costos a terceros.
El multimillonario Warren Buffet dijo que, en Estados Unidos, se debía subir los impuestos a los ultra ricos. Esta aparente demostración de sacrificio tributario escondía una verdad: a él no le hacía mella ninguna elevación impositiva, a menos que le gravaran el ciento por ciento de sus rentas. Por el contrario, a un estadounidense medio, cualquier incremento, sólo en el impuesto a la renta,  le afecta sensiblemente, pues, para pagarlo, sabe que debe ahorrar las ganancias de los dos primeros meses del año. Ello explica porque muchos multimillonarios aplauden a los gobiernos de corte socialista, al tiempo que las clases medias productivas y los pequeños y medianos empresarios suelen alinearse con los conservadores contrarios a los impuestos progresivos.
Los impuestos son necesarios  para sostener un aparato estatal moderado que se ocupe de lo esencial, esto es, de proteger la vida, la propiedad y las libertades individuales de los ciudadanos. Resultan ilegítimos cuando son confiscatorios y, en nombre del pueblo, expropian parte de las rentas y del patrimonio. Ludwing von Mises decía, ante el avance del socialismo “moderado” en países como los europeos y Estados Unidos, lo siguiente: “no es difícil profetizar que un día no demasiado lejano cualquier ingreso que rebase el sueldo del individuo medio será absorbido por el impuesto”.
 Los altos impuestos frenan la formación y acumulación de nuevos capitales, desnaturalizando  la economía de mercado y  deteniendo el progreso técnico y el mejoramiento de la productividad. Tenía razón Mises cuando afirmaba: “en cuanto el capitalista sospecha que el conjunto de los impuestos y la contribución sobre la renta van a absorber el ciento por ciento de sus ingresos, opta por consumir el capital acumulado, evitando que continúe al alcance del fisco”.    
Las elevaciones tributarias tienen límites naturales. ¿Se están rebasando esos límites en el País?.

EDGAR TERAN Y SU LEGADO A LA HISTORIA NACIONAL

Más allá de su trayectoria pública como Secretario General de la Administración Pública  y cabeza del Comercio Exterior en el Gobierno de Velasco Ibarra, Ministro de Relaciones Exteriores en el de Febres Cordero, Embajador del Ecuador ante Estados Unidos en el de Durán Ballén y Miembro de la Comisión Negociadora de la Paz con el Perú a finales de la década pasada, Edgar Terán Terán se destacó por la potencia de su inteligencia, su lucidez para interpretar los acontecimientos y la historia, su prodigioso talento para ser siempre coherente con sus principios, su valentía para enfrentar a los enemigos de las libertades, su pasión por el imperio de la ley y, por supuesto, su amor por el Ecuador.
Debió ser el Presidente de la República que le faltó al País. Tuvo la visión para transformar el Ecuador. No fue candidato a esa y a otras dignidades, posiblemente porque advertía que la democracia electoral encerraba una serie de trampas para los mejores.
Ninguno de los que tuvimos el privilegio de participar, en los últimos cinco años, en el grupo de análisis que presidía, imaginó que, repentinamente, pasaría a la eternidad. En las reuniones semanales, con gran vigor y energía, marcaba la línea de pensamiento y acción. Proponía, discutía y replicaba, con implacable lógica. Estaba lleno de vida y de sueños.
Hace poco más de un año fue objeto de una abyecta persecución política por haber dicho, en una radio, que se investigaran los eventuales nexos entre los grupos armados del norte y antiguos miembros del régimen. La Fiscalía le acusó de haber atentado en contra de la seguridad del Estado. Afortunadamente, luego de algunos meses de forcejeo judicial, un juez le sobreseyó y archivó la absurda y tendenciosa acusación.
Un tanto agotado por la intensidad de la persecución, que, inclusive, le obligó a salir, temporalmente, del País, siguió, sin doblegarse,  en la tarea de recuperar, para el Ecuador, las libertades individuales arrebatadas por quienes hoy nos gobiernan.
Edgar Terán recibió homenajes póstumos de quienes menos se imaginaba. En una de las más prestigiosas universidades del País un profesor dedicó su clase a ponerlo como ejemplo de integridad intelectual y sabiduría jurídica. Varios comunicadores radiales suspendieron los noticieros para reconocer la rigurosidad de sus comentarios y a reproducir entrevistas que le habían hecho.
No escribió libros. Su pluma se plasmó en alegatos, laudos, informes y ciertos artículos. Su palabra oral fue la que más eco alcanzó. Fue un orador exquisito, con una capacidad infinita para improvisar, desmenuzar hechos y articular grandes ideas. Deslumbraba a las audiencias a las que se dirigía.
A pesar de ser un jurista eximio y uno de los mejores abogados ecuatorianos en las áreas civil, societaria y tributaria, había sido seducido por el estudio de la historia.  Su elegante y bien nutrida biblioteca personal daba testimonio de su interés por la historia y en, además, por la geopolítica.
Devoto de Juan Pablo Segundo, de quien había recibido una especial dedicatoria, y reverente ante Benedicto, deploraba el debilitamiento de la moral cristiana ante la arremetida del  laicismo  más extremo.
Con Edgar Terán uno jamás se equivocaba ni engañaba, dado que hacía lo que  predicaba y siempre mantenía una sola línea, sin dobleces ni cálculos oportunistas. No conocía el color gris. Era un hombre de posiciones definidas, muy seguro de sí mismo y de lo que proclamaba. 
A inicios del 2007 vaticinó, paso por paso, lo que le esperaba al Ecuador con el advenimiento del socialismo bolivariano. Para desgracia del País, todo lo que dijo se ha cumplido. Tuvo, como gran conocedor de la historia, la clarividencia para observar, en el tiempo, la evolución de un régimen estatista y autoritario, implacable a la hora de subyugar tributariamente a los ciudadanos y de coartar las libertades individuales. Unos le escuchamos y creímos, mientras otros consideraron que eran simples elucubraciones sin fundamento. Transcurridos los años, los incrédulos lamentaron no haberle escuchado y hecho lo que debía hacerse, en su momento, para detener un proceso político orientado a destruir el Estado nacional y la misma identidad ecuatoriana.  
Dejó este mundo cuando todavía estaba con todas sus facultades, por voluntad del Creador. Paz en su tumba.
  
 

SOMBRAS PARA EL MERCADO CON LA LEY ANTIMONOPOLIO

El mercado es sinónimo de abuso y, por ello, debe ser regulado por el Estado, dijeron  los más radicales  promotores de la Ley Antimonopolio, al festejar la aprobación legislativa de ese peligroso  cuerpo legislativo,  al que, pomposamente,  le denominaron Ley de Regulación del Poder del Mercado.
No faltaron, además, las voces de apoyo, a la Ley,  de algunos empresarios  que lograron levantar significativas fortunas gracias a las protecciones, licencias e incentivos que el Estado les dio a ellos y no a otros, eximiéndoles de los desafíos impuestos por la  innovación, la productividad y la competencia.
La discusión de la Ley Antimonopolio dejó ver la fuerza del pensamiento estatista y socialista, entre quienes profesan esta visión y también entre aquellos que, llamándose liberales, hicieron, seguramente por su falta de formación teórica, una serie de ingenuas concesiones.
Mientras más grande y sólido es el mercado, el empresario y, en general, el ciudadano tienen  mejores oportunidades para establecer negocios y generar empleos.  En los sistemas socialistas no hay lugar para el mercado. El Estado ocupa su puesto.  Los cubanos tuvieron que esperar  41 años para poder comprar y vender sus vehículos.
En el Ecuador, es en el mercado  donde se establecen los negocios y se ofrecen empleos, a pesar de las excesivas regulaciones.  La panadería, el taller mecánico y la tienda de abarrotes, no son parte del Estado sino del mercado. Allí funcionan y ofrecen sus productos.
Con la misma lógica, a una escala mayor, en el mercado también se encuentran empresas y negocios grandes, entre ellos, las cadenas de supermercados y las industrias de producción masiva.
¿La Ley Antimonopolio va a servir para que el Estado controle a los pequeños y a los grandes o solamente a éstos?.  A todos,  en forma muy selectiva.
Detrás de la Ley están latentes aberrantes prejuicios en contra del mercado, al que se lo ve, bajo la perspectiva marxista, como  un simple instrumento para la explotación social y económica de los pobres.
Como dice el célebre Ludwing von Mises, en su monumental obra, La Acción Humana, la economía de mercado no es ni un lugar ni una cosa sino un proceso basado en la cooperación y no en la compulsión de los individuos que producen, compran y venden, guiados, no por los funcionarios públicos, sino por los precios (314).  Su eje rector es la propiedad privada de los medios de producción, no la propiedad estatal. Y la idea de capital, desconocida en los sistemas socialistas, con todo lo que implica en materia de inversiones, cálculo económico y contabilidad, tiene sentido práctico únicamente en el sistema capitalista desarrollado por la economía de mercado.
Más aún, como enfatiza Mises, “la economía de mercado es fruto de un dilatado proceso de evolución” (323). No es, por ello, un sistema accidental y artificial, “sustituible, sin más, por otro cualquiera. Se trata de un modo de actuar, “bajo el signo de la división de trabajo, que el hombre ha ingeniado”. Es la “estrategia” humana que le ha permitido al hombre prosperar desde el primitivo salvajismo. La economía de mercado y el capitalismo no son fenómenos pasajeros. Expresan la libertad y el ingenio de los seres humanos, pero, sobre todo, son los únicos sistemas de organización de la acción humana que permiten “aplicar el cálculo económico a la planificación de la acción” (324).
Los monopolios, como tales, no tienen trascendencia, excepto cuando los monopolistas establecen los llamados precios de monopolio, más elevados de lo que sería el precio potencial del mercado en el caso de no existir tal situación monopolística. Esto ocurre, según Mises, cuando el monopolista cosecha un “beneficio neto superior vendiendo menos a mayor precio que vendiendo más a un precio inferior” (338).
Si las  leyes antimonopolio se limitaran a evitar los precios de monopolio, no habría problema con tales leyes, como tampoco  si sirvieran para proteger a la gente del fraude empresarial.
Lamentablemente, en el Ecuador y en otros rincones, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, las leyes antimonopolio  han ido más lejos, allanando el camino para el estatismo y para la distorsión de la economía de mercado. 
La Ley aprobada  por el Congreso ecuatoriano es un arma poderosa, al servicio de quienes detentan el poder, para intervenir en el pequeño y muy regulado mercado ecuatoriano.
Por principio, “jamás las circunstancias permiten que todos puedan competir en cualquier sector del mercado, sea el que fuere” (334). Si los consumidores son atendidos en sus necesidades insatisfechas por negocios existentes, el veredicto de ellos, los compradores, es suficiente para no se despilfarren recursos en nuevos negocios similares, a menos que la innovación empresarial sea tal que el nuevo empresario compita exitosamente con mejores productos.
La abundante legislación de  la revolución ciudadana está orientada a restringir las libertades individuales y a  destruir progresivamente el mercado.  El mensaje que trae la Constitución de Montecristi es claro. La economía social de mercado desapareció de la nomenclatura constitucional.
¿Quién, que no sea  socialista o capitalista mercantilista, puede estar convencido que  la Ley Antimonopolio tiene como finalidad que los ecuatorianos gocemos de más libertades económicas, de más competencia libre y, en definitiva, de más mercado?.
Más allá del debate legislativo, con la experiencia de la Ley Antimonopolio, la lucha verdadera debe librarse en el campo de las ideas, donde se impusieron las tesis propias del socialismo y del capitalismo mercantilista, que tanta atracción tiene en los empresarios beneficiarios de las prebendas estatales.   

EL UNIVERSO:CABALLEROS HASTA EL FINAL

Una sola declaración bastó para que los directivos del Diario El Universo se elevaran sobre su acusador, quien,  al  tiempo que festejaba la írrita sentencia dictada por dos jueces de la Corte Provincial de Guayaquil, insinuó  que podría perdonarles, si se autoinculpaban como mentirosos.
Los hermanos Pérez  pusieron en duda tal gesto de magnanimidad, pues, el propio acusador había dicho que, para él, la caballerosidad terminó  en la fase de conciliación, ante el juez de instancia, es decir, hace algunos meses.
Ellos, sin embargo, proclamaron que se iban a comportar, hasta el final, como verdaderos caballeros.
La primera señal determinante de tal conducta enaltecedora fue la firme negativa a inculparse y a implorar el perdón del  acusador.  
Bien por ellos, sus familias, sus antepasados y, sobre todo, por la libertad de prensa. Optaron por correr todos los riesgos para que la justicia, a la que tienen derecho, les llegue merecidamente, sin someterse a ningún  reconocimiento oprobioso.
Con esta actitud señorial levantaron la dignidad y el orgullo de los caídos y perseguidos. 
Ser caballero implica seguir, rigurosamente, un código de conducta y de honor, con valentía,  firmeza, lealtad y prudente cortesía. Ni los pusilánimes ni los oportunistas tienen lugar entre los caballeros.
Los hermanos Pérez le han demostrado al País y al mundo que todavía existen  caballeros resueltos a luchar por lo que creen y por lo que legítimamente les pertenece.
Sentenciados, ellos, el editor y el medio de comunicación, a pagar cuarenta millones de dólares y, además, las cuatro personas naturales,  a purgar tres años de prisión, por un delito inexistente en el sistema interamericano,  se han convertido en un ejemplo  de lucha para todos los ecuatorianos que abjuramos de los autoritarismos.
Tienen a todo el poder político en su contra. A nivel judicial, donde se les persigue, no les queda esperanza alguna, con dos sentencias condenatorias consecutivas y un recurso de casación abiertamente cuestionado por la defensa del acusador.
A sabiendas que son  víctimas de un linchamiento judicial, no han claudicado ante el poder, implorándole perdones. Por el contrario, sin temores ni cálculos, han continuado combatiéndolo con fundamentadas denuncias publicadas en las páginas periodísticas.
Cuenta la historia que el Gran Maestro de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, encontrándose, prácticamente, al filo de la muerte, cedió a las presiones de sus inquisidores, a fin de salvar su vida.
Ante las fuertes presiones del proceso penal,  los directivos del Universo han demostrado tanta  templanza y fortaleza como convicciones y principios.
Sigan así. No desmayen en su lucha. Representan, ahora, la línea de conducta de todos aquellos que valoramos las libertades individuales y, entre ellas, la libertad de expresión en su más amplia dimensión.