EL UNIVERSO Y LA LIBERTAD DE EXPRESION

En los últimos cinco años de socialismo bolivariano, la prensa democrática y libre  ha sido la que mejor ha resistido la fuerza de la ola autoritaria que gobierna el Ecuador.
Las antiguas organizaciones políticas sucumbieron, el primer año,  el 2007, con el advenimiento de la Constituyente de Montecristi.   Las fuerzas del orden  se rindieron al proyecto revolucionario, al mismo tiempo que el aparato institucional fue colonizado por los detentadores del poder ejecutivo, entre el 2008 y el 2010. La Función Judicial, por su parte,  perdió toda su independencia, el 2011, con la instalación del Consejo de la Judicatura Transitorio.
Con el colapso institucional del Poder Judicial, arrancó el proceso de sometimiento de la prensa libre y democrática.
Diario el Universo, con sus directivos y editorialistas, se convirtió en la primera víctima del autoritarismo.  Con un fallo excesivamente motivado a favor  de la pena, un  desconocido Juez Transitorio sentenció, a tres años de prisión, a los directivos y editorialistas y, además, a la empresa de comunicación y a ellos,  al pago de cuarenta millones de dólares, por las supuestas injurias proferidas al querellante.
El Juez “ponderó” dos derechos en colisión y, así, dio  preferencia al derecho al honor frente al derecho a la libertad de expresión.  Por  la forma y el contexto del proceso penal, el célebre Juez  dio la extremaunción al  derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación.
La sentencia, por absurda y arbitraria, fue repudiada por los más importantes medios de comunicación de América Latina y del Mundo. 
En el sistema interamericano de derechos humanos, la sentencia desafió a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que, en casos parecidos, había ponderado derechos en colisión en beneficio de la libertad de expresión y no de  la reputación de los funcionarios públicos.
En efecto, en el caso Kimel versus Argentina, la CIDH  concluyó que las sanciones penales por injuria o calumnia no eran necesarias ni proporcionales a la hora de salvaguardar el honor de los funcionarios públicos, por lo que los estados debían procurar su despenalización.
Para la CIDH, los funcionarios públicos tenían un umbral más alto que el de cualquier ciudadano, al haberse expuesto voluntariamente a las críticas. En tal virtud,  lo que para un ciudadano podía ser injuria o calumnia, para un funcionario público no necesariamente lo era.
La CIDH no desconoció la responsabilidad ulterior a la que se encontraban sujetos los periodistas y comunicadores.  Sin embargo, puntualizó que, a menos que hubiera dolo manifiesto, las sanciones penales, con conductas debidamente tipificadas, debían ser la excepción.  En todo caso, a los jueces de la CIDH nunca se les pasó por la cabeza que se sancionara al medio de comunicación y a sus directivos cuando el periodista, que difundió la opinión o noticia, había, de antemano, reconocido la autoría.  
Al Universo, con sus directivos y comunicadores,  las circunstancias del País le han colocado en el duro trance de defender la libertad de expresión.
Los jóvenes directivos del Decano de la Prensa Ecuatoriana han librado una lucha ejemplar, con las mismas convicciones y energía de sus antecesores.
Han perdido una batalla judicial, pero no la guerra.
Donde viven  hombres y mujeres libres, la libertad de expresión  se  oculta por momentos, pero, al final, siempre reaparece para derrotar a los autoritarismos. No está muy lejano el día en que la libertad de expresión brille, nuevamente, con toda su fuerza, y la sentencia referida sea un mal recuerdo del oscurantismo revolucionario.

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